Los Ayuntamientos, como Administraciones Públicas territoriales, están sujetos al marco normativo estatal, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que impone la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos, y el derecho de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con la Administración por lo que, la administración electrónica no constituye una opción organizacional, sino una exigencia legal obligatoria