El contrato se tramita mediante procedimiento abierto, en el que cualquier empresa interesada podrá presentar una oferta, conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. La elección de este procedimiento se justifica por su adecuación al objeto del contrato, su capacidad para garantizar una amplia concurrencia, y el cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y eficiencia.